El impulso de precios públicos sociales (eje 1) para las enseñanzas oficiales constituye una iniciativa enmarcada en el contrato-programa con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha previsto para el cuatrienio 2016-2019. Después de las subidas realizadas por el Gobierno regional, los precios públicos de enseñanzas oficiales universitarias se encuentran en niveles medios en términos nominales, pero son elevados cuando se tiene en cuenta la riqueza regional. Este desequilibrio desencadena una pérdida de competitividad relativa de nuestra Universidad en la captación de estudiantes respecto a las ubicadas en otras regiones limítrofes con precios públicos más reducidos considerando la paridad de renta.

Castilla-La Mancha se encuentra entre las regiones con menor escolarización universitaria y mayor traslado externo de expedientes para cursar estudios universitarios. Aunque estas características de nuestro sistema universitario tienen un componente estructural que obedece a distintos motivos ajenos al ámbito universitario, la pérdida de competitividad en términos de precios públicos ha venido a acentuar sus consecuencias negativas en los últimos años, un periodo en el que Castilla-La Mancha ha experimentado además un crecimiento económico inferior al de las comunidades autónomas limítrofes. La reducción de precios públicos se ha propuesto al Gobierno regional en un escenario plurianual en el que éste incrementará la financiación pública en una cuantía equivalente a la reducción de ingresos que experimente la Universidad. El citado incremento de financiación pública se realizará a través de la subvención nominativa en el caso de los títulos de grado y mediante fondos europeos procedentes de la Garantía Juvenil para los títulos de máster universitario.

En esta misma dirección, otra política fundamental a emprender por el Gobierno regional viene dada por el establecimiento de un programa de becas de movilidad para la realización de estudios universitarios. La extensión y posición geográfica de Castilla-La Mancha, unidas a un sistema radial de transporte, dificulta que los estudiantes consideren la opción de desplazarse a otra provincia para cursar sus estudios universitarios, por cuanto resulta más económico trasladarse a sistemas universitarios regionales limítrofes. Las becas de movilidad interna propuestas al Gobierno regional contribuirán a articular el sistema universitario de Castilla-La Mancha, corrigiendo así los efectos negativos externos asociados a la geografía y los transportes.

La reducción de los precios públicos y el incremento de las becas no sólo constituyen inversiones muy rentables en términos de capital humano para la Región y de captación de estudiantes para la Universidad, sino que son además un compromiso en el ámbito de la responsabilidad social al contribuir al acceso a la educación superior en Castilla-La Mancha.