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El acceso a la educación superior universitaria constituye un bien público que el Estado debe velar por garantizar en todo momento, principalmente a través de las políticas de tasas y precios públicos y de becas y ayudas al estudio. Cuando se descuida la protección de este bien público, la sociedad prescinde del que podría haber sido un magnífico médico, un excelente educador, un brillante químico, un excepcional ingeniero o un destacado artista, por citar algunos ejemplos. Una injusticia irreparable para la persona; un coste enorme para la sociedad.

Lamentablemente, el Estado y las Comunidades Autónomas han descuidado sobremanera el acceso a la educación superior universitaria en los últimos tiempos, cuando además han sido años en los más desvelo se requería. Las tasas y precios públicos han sido elevadas y las becas y ayudas al estudio reducidas, todo ello en un contexto de crisis económica generalizada; una combinación fatal para la sociedad y para las personas.

Las universidades no tenemos competencias para fijar las tasas y precios públicos, ni para determinar las becas y ayudas al estudio. En la práctica, estas competencias son básicamente autonómicas en el primer caso y estatales en el segundo. Las universidades públicas hemos levantado la voz en reiteradas ocasiones durante estos años para alertar del sinsentido que suponía la mencionada combinación de subidas de precios, bajadas de ayudas y crisis económica. Lo hemos hecho juntas y también por separado, con resultados diversos en cada caso, pero poco satisfactorios en general. Ante este hecho, la única alternativa posible seguida por algunas universidades ha sido la de realizar actuaciones por cuenta propia en materia de becas y ayudas para estudiantes, haciendo las veces de quien debía realizarlo, sustituyendo en suma al titular de estas competencias.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se encuentra entre ellas. A pesar de las restricciones presupuestarias, hemos reforzado nuestra política propia de becas y ayudas para estudiantes en grado y posgrado a través de cuatro programas. Durante estos años, se han concedido 1.135 becas y ayudas financiadas con los fondos propios de la Universidad. Las becas de colaboración para que los estudiantes colaboren en servicios universitarios han experimentado un incremento del 93% en el curso 2015/16 respecto a las que se concedieron en el curso 2011/12. Las ayudas para situaciones especiales se han puesto en marcha para evitar el abandono universitario por motivos económicos con una dotación de más de 250.000 euros en tres años. Las becas de excelencia para máster y las becas de iniciación a la investigación, nuevos programas dirigidos a los estudiantes de posgrado, han contado con una dotación de más de 390.000 euros.

El Estado y las Comunidades Autónomas deben reflexionar sobre la situación creada y reorientar las políticas tasas y precios públicos y becas y ayudas al estudio hacia unos niveles más razonables, asumiendo nuevamente el protagonismo que les corresponde por razón de las competencias que tienen sobre estos asuntos. Entre tanto, las universidades comprometidas con la responsabilidad social seguiremos haciendo todo lo que podamos hacer en materia de becas y ayudas para estar del lado de nuestros estudiantes y avanzar juntos, contribuyendo a mitigar costes sociales injustificados e injusticias personales irreparables.

Miguel Ángel Collado